La energía eólica (40 %) y la hidroeléctrica (30 %) son las fuentes principales de la electricidad que se consume en el país; apenas un 6 % se origina con combustibles fósiles. Las cuestiones geográficas, no tener un sector petrolero fuerte y, sobre todo, el consenso entre partidos y la continuidad de la política pública favorecieron el cambio que se inició en los gobiernos del Frente Amplio y continúa en la gestión de Lacalle Pou con la llamada “segunda transición”, centrada en el transporte
Sin recursos naturales en abundancia por su pequeña superficie, pero con estabilidad económica y continuidad de políticas públicas, en pocos años, Uruguay logró convertirse en un país cuya matriz de generación de electricidad es casi enteramente renovable gracias al viento, el sol y el agua. Una excepción no solo en la región sino también a nivel mundial. Según datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería uruguayo de junio pasado, el 94% de la electricidad que se consumió durante 2020 provino de fuentes sustentables, con la energía eólica a la cabeza (40 %), seguida por la hidroeléctrica (30 %), la biomasa (20 %) y la solar (4%). Apenas el 6% de la matriz eléctrica se había originado con combustibles fósiles.
¿Cómo se gestó esta reconversión acelerada a fuentes verdes de generación de electricidad? Con un acuerdo político entre todas las fuerzas con representación legislativa, visión de largo plazo, liderazgo estatal claro e inversiones privadas. “El pleno apoyo de todas las fuerzas políticas, la creación de un ecosistema transformador que permitió la llegada de inversiones y una gobernanza flexible abrieron la puerta a un cambio de matriz energética que se hizo en pocos años” explica Ramón Méndez, secretario de Energía de Uruguay entre 2008 y 2015, durante los gobiernos del Frente Amplio, cuando se dio la primera transición hacia las energías verdes.
Como cuenta el argentino Pablo Bertinat, investigador, docente y director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional (regional Rosario), esta transformación se hizo “no sin debate” más que nada por parte de los sindicatos, ya que antes la provisión de electricidad dependía del Estado mientras que la incorporación de renovables “se hizo con ingreso de los privados bajo un modelo de mercado tradicional, en un país con fuertes valores relacionados con lo público”.
Ahora, con un Gobierno de distinto color político al que la inició (Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional), el desafío es encarar lo que en ese país llaman “la segunda transición energética” mediante la descarbonización del resto del consumo de energía, todavía muy dependiente del petróleo en el sector del transporte (el principal sector emisor de CO2).
El camino
Según interpreta Juan Carlos Cali Villalonga, miembro de la conducción de Greenpeace Argentina entre 1994 y 2011 y exdiputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, integrante de Los Verdes dentro de la coalición Cambiemos, la transición uruguaya tuvo un punto de arranque “relativamente bueno” al tener una gran porción de energía hidroeléctrica y un gran incentivo que era dejar de importar hidrocarburos: “Este aspecto no es menor, por lo general los países que no tienen un sector petrolero pesado se mueven más rápidamente y con más agilidad hacia las renovables, como pasó en la región con Uruguay y también con Chile, por ejemplo”.
A esa condiciones de base, estructurales, Uruguay le agregó algo que en la Argentina es un bien escaso: estabilidad y continuidad de políticas públicas para el sector. “Tuvo una política clara y permanente que atravesó gobiernos sin cambios sustantivos. El efecto es enorme, porque eso genera confianza para las inversiones y una acumulación de experiencia y gestión”, sostiene Villalonga y agrega que los inversores en energías renovables ―como cualquier otro― “necesitan de transparencia y confianza”.
Méndez refuerza ese argumento al mencionar los “tres grandes elementos centrales” que explican por qué Uruguay pudo hacer una transición energética en el sector eléctrico que muy pocos han logrado al momento: acuerdo político, ecosistema transformador y gobernanza flexible.
“Tuvimos un acuerdo político de largo plazo refrendado por todos los partidos que le allanó el camino a la llegada de inversores. Hubo continuidad en el proceso durante varias administraciones, eso fue un ingrediente central y no deja de ser raro para la región”, dice.
El ” ecosistema transformador” incluye regulaciones, leyes, cuestiones técnicas, nuevas capacidades y mucha articulación entre el Estado y los privados.
Finalmente, otro concepto clave: el de “gobernanza adaptativa”, que significa haber podido adaptarse a las dificultades que iban apareciendo en algo que era “terreno desconocido”. “La transición fue muy rápida y surgieron problemas originales, nunca vistos, porque tuvimos que diseñar un modelo de despacho de energía con fuentes no gestionables por el hombre, como el viento y el sol, y aún así tener un sistema que fuera estable”, agrega el exfuncionario.
En síntesis: Uruguay logró armar un montaje sobre una visión estratégica de largo plazo acordada por todo el sistema político, construir un ecosistema transformador y acompañar este proceso con flexibilidad, lo que permitió ir resolviendo los problemas que iban apareciendo. “Eso nos permitió hacer toda la transformación en apenas 6 o 7 años”, resume Méndez.
El papel del Estado
La revolución de las renovables tuvo un actor muy importante en el Estado que es la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), una empresa estatal que se ocupa de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. “En Uruguay el papel del Estado es importante porque una empresa como UTE asume un rol de liderazgo, haciéndose cargo de una visión 100% renovable y coopera con el sector privado”, grafica Villalonga, para quien ese país es “un buen ejemplo” de cómo el Estado puede mantener un rol preponderante en la planificación y al mismo tiempo aprovechar la dinámica del sector privado.
Méndez lo explica con claridad: “Todo fue con el Estado liderando. Eso permitió que a Uruguay llegaran 6 mil millones de dólares de inversiones, el equivalente al 12 % del PBI anual, porque el privado sintió confianza”.
El alcance estatal tuvo otra pata: la generación de conocimiento y el trabajo articulado con el mundo universitario. “Se pudieron armar mejores políticas gracias al trabajo entre el Gobierno y la academia. Se abrió una línea de financiamiento específica para investigaciones académicas en el campo de las renovables”, detalla el exfuncionario.
Según argumenta Méndez, la transformación de la matriz eléctrica uruguaya implicó 50 mil nuevos puestos de trabajo, en un país con 3.5 millones. “Se crearon capacidades y hoy hay empresas uruguayas que exportan tecnología, lo que genera divisas. También se redujo en 500 millones de dólares por año el costo de generación de electricidad, el equivalente al 1 % del PBI”, agrega.
Y los beneficios ambientales ―reducción de las emisiones― retroalimentan los económicos: “Un país con baja huella de carbono se coloca muy bien en el mercado mundial, tiene ventajas comparativas”, sostiene Méndez.
La segunda transición
La política climática uruguaya incluyó la presentación de su primera “contribución nacionalmente determinada” (el instrumento mediante el cual cada país asume su compromiso climático de reducción de emisiones contaminantes según el Acuerdo de París) en 2017, con un compromiso de bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2025.
A eso le sumó en 2021 otro instrumento llamado “estrategia climática de largo plazo”, que establece metas de CO2 neutralidad para 2050 e incorpora conceptos como el de “transición justa”.
Con los resultados de una matriz de generación de energía casi enteramente renovable en mano, Uruguay ahora busca redoblar la apuesta descarbonizando el transporte. Es lo que el Gobierno uruguayo llama “la segunda fase de la transformación energética”.
Para eso ―según se explica en el Monitor Energético publicado en julio pasado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería uruguayo― se montó una estrategia que no se apoya solo en un recambio tecnológico que reemplace de forma paulatina los vehículos a combustión por vehículos eléctricos, sino que tiene la ambición de ser más estructural y, para esto, se apoya en tres ejes: un nuevo ordenamiento territorial, la mejora en el transporte público y la revalorización de los espacios urbanos en común.
Para eso se avanzó en la creación de un Fondo para la Innovación en Energías Renovables, iniciativas para la promoción de la movilidad sostenible (en particular la movilidad eléctrica) y programas de eficiencia energética en diferentes sectores de la economía.
“Uruguay está dando otro salto enorme en hidrógeno verde, ya tienen una hoja de ruta para su propia demanda y buscan colocarse como eventual exportador con aprovechamiento de energía eólica off shore”, detalla Villalonga.
Lecciones uruguayas
¿En qué medida la Argentina puede inspirarse en el caso uruguayo para avanzar en la consolidación de una matriz energética renovable? En opinión de Villalonga, la experiencia de ese país “es replicable, pero con mucho esfuerzo y tiempo recuperar la confianza y consolidar una política en la que todos los organismos del Estado estén alineados”.
En ese punto, cita como buena práctica el ejemplo de las subastas del Programa Renovar (2016-2019) mientras que, como contraejemplo “muy malo”, se refiere a “las idas y vueltas con el tema biocombustibles” del actual Gobierno nacional, “que muestran la falta de una política consistente en esa materia”. Y sintetiza: “La imposibilidad de presentar una estrategia de largo plazo en Glasgow, como el Gobierno había prometido, obedeció a disputas internas entre provincias, ministerios y sectores productivos porque nadie quiere ceder nada para facilitar la transición. Argentina es un país trabado, eso contrasta con la agilidad con que se mueve Uruguay”.
FUENTE: Plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN.
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